LOS “ASESORES FANTASMA” LLEVAN A LA CÁRCEL AL EX-ALCALDE DE JERÉZ DE LA FRONTERA, PERO LOS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN NO TUVIERON REPROCHE INSTITUCIONAL.

Pedro Pacheco, el que fuera alcalde de Jerez de la Frontera, ha sido condenado por el Tribunal Supremo –agravando la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz- a una pena de más de cinco años de prisión, como consecuencia de la contratación de dos asesores en empresas municipales en 2005, al incurrir con ello en los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Las retribuciones abonadas por el Ayuntamiento a ambos asesores se justificaron, según señala la sentencia, "bajo la apariencia de unos contratos de asesoría jurídica con cargo a las dos sociedades municipales y para cuyo nombramiento no siguió procedimiento alguno, no efectuando los nombrados ninguna contraprestación".

El relato de los hechos nos recuerda necesariamente la irregular práctica mantenida por el anterior Gobierno PSOE-PAR, presidido por Marcelino Iglesias, en el que las plazas de asesores de los miembros del Gobierno de Aragón fueron ocupadas por personas de confianza personal o política, muchas de las cuales no ejercieron función alguna del puesto ocupado –pero no desempeñado-, limitándose dichos nombramientos a garantizarles un sueldo público sin contraprestación alguna, o con contraprestaciones de naturaleza espúrea, propias de una organización clientelar.

Esta Asociación denunció tal práctica ante el propio Gobierno de Aragón y ante las Cortes de Aragón, sin que nada se corrigiese, y se vio obligada a denunciar finalmente los hechos ante la Fiscalía General del Estado, al entender que constituían una evidente malversación de fondos públicos, pero la denuncia, una vez trasladada a la Fiscalía Superior de Aragón, fue archivada en atención a un informe emitido por el entonces Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, Javier Velasco, en el que se señalaba que los titulares de dichos puestos cumplían puntualmente todas sus obligaciones laborales. El Fiscal Superior de Aragón, vinculado por relación de parentesco con el entonces Vicepresidente del Gobierno autonómico, entendió suficiente dicho informe para archivar las actuaciones, sin practicar ninguna otra averiguación. ¿Cuándo una investigación se archiva a la vista de lo afirmado por uno de los supuestos infractores? ¿Cuándo un funcionario incumple sus deberes de abstención, por razones de parentesco, sin ningún tipo de consecuencias? Es posible que, en aquellos años, la cultura de la legalidad en nuestra Comunidad Autónoma hubiese tocado fondo, en todos los ámbitos.

La condena impuesta por los tribunales, y promovida por la Fiscalía, por hechos similares en otras Administraciones pone aún más en evidencia la “permisividad” que ha habido con prácticas corruptas en nuestra Comunidad Autónoma. Las reflexiones que realiza el Tribunal Supremo sobre el enorme daño que tales prácticas causan a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones no debe dejarse pasar.

El Tribunal Supremo considera que Pedro Pacheco causó con ello un "claro perjuicio" en materia tan sensible como son los caudales públicos, pero también afirma que existió "un daño no por inmaterial menos efectivo y de claro contenido demoledor, constituido por la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus instituciones". En este sentido, recuerda que "nada lesiona más la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes políticos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos son los primeros custodios".

Tampoco debemos dejar de subrayar que cuando tales prácticas han sido consentidas por un Parlamento y por la misma Fiscalía, el daño institucional no puede más que acrecentarse, como sucedió en nuestra Comunidad Autónoma.