El
Justicia de Aragón ha admitido a trámite la queja presentada por esta Asociación
en relación con el incumplimiento del Ayuntamiento de Zaragoza en materia de
Oferta de Empleo Público, para garantizar el derecho de los ciudadanos a
acceder a la función pública en condiciones de igualdad, asegurando la
realización de los procesos selectivos legalmente previstos.
Esta
Asociación formuló su queja a raíz de unas declaraciones del Alcalde de la
ciudad, Juan Alberto Belloch, realizadas el pasado mes de junio, en las que afirmaba
que el Ayuntamiento de Zaragoza no iba a despedir a ningún interino de la
función pública municipal, para a continuación rechazar la convocatoria de las
pruebas selectivas correspondientes a Ofertas de Empleo Público de hace más de
cinco años, pendientes de ejecución, y a través de las cuales los sindicatos de
la función pública municipal pretenden la consolidación de gran parte del
empleo temporal existente.
Todas
las Administraciones –y así se ha determinado por el Tribunal Supremo en sentencia
sobre el acceso a la función pública- están obligadas a aprobar una oferta
anual de empleo público –para ejecutarla, obviamente, lo que parece no ocurrir
en Zaragoza y en otras muchas Administraciones- y a incluir en ella todas las
plazas ocupadas por funcionarios interinos para que accedan a dichos puestos
los candidatos con mayor mérito, tengan o no la condición previa de
funcionarios interinos.
La
tasa de temporalidad existente en las Administraciones constituye la evidencia
del incumplimiento general del derecho de acceso al empleo público de los
ciudadanos, reconocido como derecho fundamental en el artículo 23.2 de la Constitución
Española, y revela además la grave distorsión existente en la
función pública, ya que al no asegurarse la inamovilidad de un alto porcentaje
del personal de las Administraciones Públicas, condición legalmente establecida
como garantía de su imparcialidad, como expresamente señala el Estatuto Básico
del Empleado Público, se produce la
quiebra del modelo constitucional de función pública, con un evidente quebranto
de la legalidad y la profesionalidad.
Está
claro que nadie ha tomado nota del alcance de la reciente sentencia del
Tribunal Supremo de 2010 que anuló la
Oferta de Empleo Público de 2007 del Gobierno de Aragón,
cuyos argumentos, al afectar al contenido esencial del derecho fundamental de
acceso a la función pública, son de aplicación a todas las Administraciones
Públicas, incluido el Ayuntamiento de Zaragoza.
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Lo de los interinos ya es de pena. Algunos, muy "protegidos" llevan años..., y la plaza se oculta y se mantiene en beneficio del interino, que a lo mucho habrá aprobado un ejercicio de una oposición. Así pasa luego que no se convocan plazas nuevas, por el abuso interno que hay...
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¿Y esto no es denunciable? ¿No es también malversación de fondos públicos?
La culpa no la tiene el interino.
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